La otra cara de la asociación El Cerezo
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De nuevo veo asombrada, perpleja y, sobre todo, indignada, a la asociación El Cerezo en un medio de comunicación, en este caso en RTVE, y a su Presidenta, alardeando de su trabajo y apoyo a los jóvenes en riesgo de exclusión social. Permítanme que ponga en duda esa labor.
La asociación El Cerezo que yo conocí no trabajaba para formar jóvenes, trabajaba para lucrarse con el trabajo ilegal de esos menores y jóvenes y utilizaba la figura de asociación para la obtención de ayudas y subvenciones públicas, para optar a programas ofertados por entidades bancarias o particulares, incumpliendo la realización de los proyectos en que se fundamentaba la formalización de las mismas, incumpliendo las obligaciones que establece la legislación vigente para la percepción de fondos públicos y alterando la finalidad de los fondos recibidos.
El Cerezo que yo conocí se alimentaba principalmente de subvenciones públicas: subvenciones con cargo al IRPF que convoca el Ministerio de Sanidad y Política Social, Programas Operativos Financiados con el Fondo Social Europeo, Cursos o Talleres financiados por el Servef, Centro de Menores financiado por la Consellería de Bienestar Social.
Sería extenso describir aquí los proyectos formativos a realizar con esos fondos y que no vieron la luz, ¿ a que les suena?, así como también sería difícil, muy difícil, desenmascarar la habilidad para justificar ayudas y subvenciones y la falta de inspecciones cualificadas y periódicas por parte de las Administraciones. Sólo me centraré, como ejemplo, en comentar el destino de la subvención, mediante Concierto, al Centro de Día, para mí, la más penosa y denunciable por estar dirigida a un Programa de Formación de Menores en Riesgo de Exclusión Social y el incumplimiento, por parte de la asociación El Cerezo, de su función preventiva, educativa y de aprendizaje con respecto a esos menores.
El Centro de Menores de la Asociación del Cerezo que yo conocí, estaba y está financiado al 100% por la Consellería de Justicia y Bienestar Social para el desarrollo de un programa de formación específico para este tipo de Centros. Consellería paga a todo el personal, psicóloga, asistente social, educadores, maestros de taller, cocinera y para 12 menores. El programa formativo no se impartía, tanto el personal, pagado por la Consellería, como los menores, se dedicaban a realizar trabajos ilegales que impedían el normal funcionamiento de las actividades que serían las propias del Centro de Día. Trabajadores pagados por la Consellería haciendo trabajos ilegales por los que se obtenían beneficios económicos no contabilizados y donde se utiliza a menores como mano de obra barata y/o gratuita.
Estos hechos fueron denunciados a la Consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y confirmados por los propios Inspectores de la Consellería, que resaltan en su informe de inspección: se estima que se está realizando una actividad que reporta beneficios económicos a una empresa fuera de control fiscal o de trabajo y que ocupa gran parte del tiempo de los menores sin unos objetivos ni propósitos educativos o de inserción claros, por lo que a criterio de los Inspectores, la Asociación Amigos del Cerezo, puede estar cayendo en el difuso ámbito de la economía sumergida y contraviniendo sus fines y aconsejan una intervención de manera inmediata.
A pesar del informe de los Inspectores, la Consellería no hizo nada por proteger a esos menores, por sancionar la desviación de fondos públicos y por incumplir el programa formativo. Con la ley en la mano, la Asociación El Cerezo cometía infracciones muy graves, que serían causa de extinción inmediata del Concierto.
¿Qué sanción le impondría la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a una empresa que utilizara a menores para realizar trabajos ilícitos? ¿Qué sanción se le debería aplicar al centro por el incumplimiento en materia de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta que, en esos trabajos ilícitos, se manipulaban materiales tóxicos e inflamables y que es falta muy grave el no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores? ¿Se han valorado los posibles perjuicios, de todo tipo, que les han podido causar a los menores? ¿Qué responsabilidad tendría la Asociación y el Centro de Día?
No es normal que, después de actuaciones como las descritas y tantos incumplimientos legales, la Presidenta de esa supuesta Asociación de El Cerezo y Presidenta, también, de la Federación de Empresas de Inserción, se prodigue en los medios de comunicación, presentándonos sus logros como empresa de inserción, firmando acuerdos de ayudas y cesiones con la administración y entidades bancarias. La Consellería de Bienestar Social y otras administraciones pudieron y pueden, a la vista de lo que estamos viendo, cerrar los ojos ante las denuncias y el desvío de fondos para la formación, pero creo, sinceramente, que esos hechos que pueden considerarse como estafa, fraude o malversación, no pueden quedar impunes; que una estafa de 401 euros pueda ser castigada con una pena de seis meses a tres años de prisión y, un fraude de subvenciones, que no deja de ser una estafa a una Administración y a todos aquellos que hubieran podido beneficiarse de la misma, sea impune, al quedar en una simple sanción administrativa, si la ha habido.
Y estamos hablando de menores.